La crisis amenaza a la ciencia
09 OCT 09
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 ha levantado una gran polvareda en el ambiente científico universitario, porque supone en la práctica la congelación del gasto de I+D+i español, lo que automáticamente significa: incumplir las pretensiones de los planes nacionales y regionales para colocar a España en una acelerada convergencia con los países más avanzados en materia de conocimiento, y de su puesta al servicio de un nuevo modelo económico con mayor valor añadido, empleos mejores y más estables, y horizontes de bienestar más amplios. La crisis del ladrillo y la banca se ha comido el movimiento acelerado de la inversión en I+D, que había alcanzado un ritmo notable en los últimos años, no sólo en cumplimiento de las promesas electorales de Rodríguez Zapatero y los socialistas al mundo de la ciencia, sino también de las disponibilidades fiscales surgidas del boom inmobiliario, los niveles récord de empleo y las facilidades crediticias para sostener una demanda interna de consumo muy potente.
Todo ese paraíso del PIB al 4% anual ha acabado, y lo ha hecho para quizá una década que tenemos por delante. Vamos a pasar aún dos años malos, y en el lustro siguiente, como no nos recuperaremos vía ladrillo ni vía crédito fácil, tendrá que ser con otras armas -y en ningún caso, parece, con una salida del euro para recuperar la peseta y devaluarla-. Ahora la política nacional no es la tómbola del ‘siempre toca’, fundada en una economía recalentada, especulativa e insostenible. Ahora llega la política de verdad, que es la de los recursos escasos, las prioridades nacionales y el decir ‘no’ a mucha gente. Estamos hablando de reformas estructurales y de una nueva visión de España. El hecho de que la reacción del Gobierno haya sido durante meses fundamentalmente defensiva y optimista (los famosos ‘brotes verdes’) le ha restado sin duda potencial de recuperación al país. Pero la cuestión ahora es si la sociedad damnificada es capaz de estimular al gobernante, mediante la crítica democrática y el requerimiento civilizado, a cambiar el chip de los años de vacas gordas y a tomar verdaderas decisiones.
La detención del proceso de aceleración del gasto en I+D siembra, ante todo, la duda sobre la voluntad española de estar en primera fila de la Sociedad del Conocimiento. Un país donde kilómetros de AVE siguen teniendo prioridad sobre metros cuadrados de laboratorio manifiesta no haber asumido en forma alguna el cambio de mentalidad hacia una nueva economía. Por otro lado, la debilidad del mundo de los negocios hace improbable, como ya hemos advertido con reiteración en este espacio editorial de EL GALLO, que la locomotora privada tome el relevo de la financiación pública de la ciencia. Muy al contrario, los ojos de los científicos se vuelven hacia la propia estructura del gasto público: ha habido críticas aceradas de nombres muy destacados de la ciencia española en contra de los gastos en ministerios como Vivienda o Igualdad, que podrían ser perfectamente secretarías de Estado en otros departamentos. El presupuesto de alguno de ellos no anda muy lejos del de cualquier ayuntamiento mediano de España. Aunque estas objeciones pueden parecer un tanto gruesas, el mar de fondo debe tenerse en consideración: el tema no es el recorte, sino la reforma. Lo que se recorte, tiene que ser pulido no porque falta dinero, sino porque la estructura de las prioridades de gasto se ha resintetizado en línea con el nuevo modelo productivo, basado en el conocimiento y la sostenibilidad ambiental.
Aunque mirando las cifras es evidente el trabajo realizado por la ministra Garmendia en la protección de su presupuesto y por el ministro Gabilondo en lo relativo a la educación superior, lo cierto es que el impacto de opinión pública ha sido indudable, y que mucha labor informativa tendrá que hacer el gobierno para borrar las cicatrices psicológicas que en el ánimo de los investigadores ha dejado la presentación de la ley presupuestaria. La provisionalidad de los recortes del MICINN, concentrados en que los grandes institutos públicos rompan la hucha-cerdito en 2010 para vadear la crisis, supone no la solución de un problema, sino simplemente su aplazamiento.
El problema no dejará de agravarse a medida que aumente el nivel de desempleo, reduciendo cotizantes y aumentando la nómina de las prestaciones. La subida de impuestos no es un estímulo al consumo, y por tanto tampoco a la producción (parte es externa y afectará a las importaciones, mejorando quizá la balanza comercial; pero la parte interna sólo resistirá en una deflación de precios que algunos se empeñan en ver como un fenómeno pasajero, ignorando el clamoroso caso de la ‘década perdida’ de Japón). En este contexto, incluso deberían estar contentos los científicos por el hecho de que se hayan protegido sus grandes programas. Ya que no se puede avanzar, al menos que no se retroceda. Ahora bien, la pregunta del millón es si se podía haber mantenido la aceleración en I+D, sacrificando abierta y rotundamente otros gastos del Estado, es decir, asumiendo el coste verdadero de las grandes decisiones. A menudo, queriendo contentar a todos se termina por no contentar a nadie.