Otro tipo de reformas obedecen no tanto al EEES (aunque tienen que encajar y coordinarse con él) como a la conveniencia de dar respuesta a nuevas necesidades de organización y gestión de las universidades, así como a la promoción de la investigación y a la conexión con los sectores privado y público de la sociedad española. Estas medidas, en parte, fueron impulsadas por la LOU de la ministra del PP Pilar del Castillo, aunque después la izquierda hizo bandera de la corrección de los déficits observados en aquella norma, sin que, al final, la ‘reforma de la reforma’ haya provocado, según parece, una explosión de júbilo por parte de los estamentos universitarios y científicos. Mucho tiempo se ha consumido en esta tarea deconstructiva y reconstructiva, y en breve se podrá comprobar si no ha sido la típica situación de mucho ruido y pocas nueces. La relación coste-beneficio entre grandes esfuerzos y pequeños progresos es algo que siempre hay que valorar, pues sistemas perfectos que merezcan la máxima inversión todavía no se han conocido.
En cualquier caso, la aproximación de la fecha-horizonte de 2010, año en el cual el EEES debería estar implantado en su plenitud, hace que el problema del ajuste al nuevo modelo cobre prioridad sobre las reformas que tienen su origen y justificación en otras consideraciones (como la gobernanza universitaria o la pluralidad de modalidades de recursos humanos). Para el Ministerio de Educación, que tiene que ponerle el cascabel al gato de la nueva organización académica general, se trata de una situación tan prometedora como arriesgada, ya que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Si el equipo de Mercedes Cabrera logra cerrar el nuevo esquema sin levantar un excesivo nivel de protesta en el mundo de la educación superior, se podrá anotar un buen tanto de clara a la campaña política de invierno. Si no consigue mantener el necesario ritmo de calendario, o lo impone a costa de dejar descontentos a muchos sectores, el coste para el Gobierno puede ser ciertamente elevado.
La costumbre hispánica en materia educativa suele ser la de mucha letra y poco número. Es más fácil el establecimiento y reconocimiento de situaciones jurídicas determinadas, accediendo a peticiones o presiones y evitando así el conflicto inmediato, que la previsión de cómo tales reconocimientos se van a llevar a la práctica con los recursos económicos precisos. España puede especializarse en aprobar las leyes mejor pensadas y peor financiadas del mundo. Da lo mismo que se hable de la Ley de Dependencia que de la LOU, o de la ley andaluza de acceso a la vivienda. La prudencia del Ministro de Economía y Hacienda ante esta siembra de desajustes entre los derechos de papel y la cruda realidad es más significativa que cualquier acerada crítica de la oposición. España tiene que hacer apuestas estratégicas en algunos campos, pero no puede hacer esas apuestas en todos y para contentar a todos.
No es cierto que simultáneamente haya dinero para dar un salto espectacular en educación y ciencia, en servicios sociales, en grandes infraestructuras de comunicación, en defensa y seguridad ciudadana, en protección del medio natural, en atención médica especializada, en proporcionar a todo el mundo una vivienda que no cueste más del 33% del sueldo y en la garantía de las pensiones para la próxima generación de jubilados. El ministro de Hacienda no es el rey Midas. Y ni siquiera es rey, ya que su presupuesto del año siguiente depende de una compleja negociación con partidos nacionalistas que cotizan al alza las inversiones ‘de campanario’ o de izquierda que cotizan al alza el gasto social.
Las universidades, por ello, al mismo tiempo que viven la expectativa y el proceso de un cambio que sin exageración puede calificarse como histórico, están muy preocupadas por la práctica final: cómo se supone que se va a financiar la nueva estructura de docencia e investigación. Porque una enseñanza más personalizada y flexible es más cara. Y un salto adelante en investigación y desarrollo es impensable sin un sobresaliente incremento de los recursos económicos.
En nuestra opinión, son ecuaciones irresolubles mientras el Estado no implique más a fondo al sector privado, tanto en su vertiente empresarial crematística como en la fundacional benefactora. Algunas grandes universidades europeas, como la de Cambridge, ya tienen en marcha planes muy sólidos de captación de recursos privados, y el propio Gobierno británico va a incentivar esas labores de captación del dinero que se necesita como condición necesaria de la excelencia universitaria. Cambridge se inspira en algunos modelos norteamericanos que funcionan con notoria eficacia. Por fortuna para Cantabria, la UC lleva mucho tiempo trabajando la conexión ciencia-empresa. El reto es grande, pero no inasumible.