La diputada del grupo parlamentario socialista y secretaria primera del Parlamento de Cataluña, Lidia Santos I Arnau, ha señalado, durante su ponencia en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria en Reocín, que el problema “más álgido” a la hora de ir desarrollando el nuevo Estatuto de Cataluña es el tema de la financiación. En este sentido, ha destacado además que “en el contexto en el que ahora nos encontramos hay un plus añadido de dificultad”.
Al margen de esto, Santos I Arnau ha calificado como un reto el ir llevando a cabo este nuevo texto con total normalidad. “En estos momentos el agua está volviendo a su cauce aunque se dramatizó mucho el tema en su momento, de una forma desaforada”, ha señalado. Asimismo, ha afirmado que el Estatuto de Cataluña ha sido utilizado con una instrumentalización “claramente” política, a lo que ha añadido que “si no hubiera existido la politización del Tribunal Constitucional”, ya se habría normalizado totalmente.

“Una necesidad”
Santos I Arnau ha dado la perspectiva sobre el Estatuto catalán de quienes estuvieron elaborándole. “De alguna forma rompimos moldes”, ha asegurado. Según la ponente, el país se encontraba en una época en la que había una necesidad de adaptar “un instrumento institucional básico a los nuevos retos de la sociedad”. El Estatuto de Cataluña databa, antes de su reforma, de 1979. En estos casi 30 años son muchos los cambios que ha sufrido la sociedad, entre otros aspectos, la incorporación de España a la Unión Europa. “Sólo por eso – ha dicho – había que asumir nuevos retos”.
Junto a esto, otro de los factores que contribuye a esta nueva adaptación la inmigración. En el año 1979 España se caracterizaba por ser un país de emigrantes, en el que los ciudadanos se iban en busca de una vida mejor, sin embargo, en la actualidad las tornas se han cambiado. “España es un país de inmigrantes – ha señalado – Cataluña tiene el 25% de la inmigración que hay en el país”.
Finalmente, y como último factor a la hora de renovar el Estatuto, Santos I Arnau ha señalado que “la evolución y la fortaleza del Estado de las Autonomías, hizo necesario que se profundizara en los elementos generales del Estado”.

El caso de Andalucía
Por otro lado, el portavoz de Justicia del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía y alcalde de Motril, Carlos Rojas, ha acusado al Gobierno andaluz de no haber tramitado ni un solo Proyecto de Ley para poder desarrollar de una forma adecuada la reforma del Estatuto Andaluz que “ya fue aprobada en referéndum por todos los andaluces”.
Rojas ha destacado que es “fundamental” que los gobiernos tramiten leyes que desarrollen lo recogido en el nuevo texto normativo y así poder aplicar todos sus principios. “Si los gobiernos de turno de los próximos años no saben desarrollar todo lo que el Estatuto contiene, se quedará en un texto con muchas posibilidades pero pocos resultados”.
Durante su ponencia, el alcalde de Motril ha acercado a los allí presentes el nacimiento del debate estatutario en Andalucía, así como todo el proceso de su aprobación. “El PP andaluz no promocionó la reforma del Estatuto pero entendíamos que debíamos estar dentro ante la posibilidad de que se convirtiera en un texto ideológico”.
Según Rojas, la reforma fue un concepto de oportunismo por parte del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. “Nadie en la calle nos pedía reformar el Estatuto, no era una prioridad para los andaluces, más que nada era una prioridad política”. En este sentido, ha señalado que su partido se limitó a hacer una oposición “constructiva” para hacer que el nuevo texto fuera plenamente constitucional, “algo que veíamos en bastante riesgo”.
Finalmente, en palabras del parlamentario, el texto aprobado en el Congreso de los Diputados nada tenía que ver con el consensuado en el Parlamento andaluz. “Conseguimos que los partidos de izquierda, PSOE e IU, cambiaran su postura a raíz del debate parlamentario”. El Partido Socialista modificó en el Congreso 150 de sus artículos.
El consenso entre los diferentes grupos políticos es el principal beneficio, según Rojas, de esta reforma en la que se han tratado conceptos nuevos como los derechos sociales. “Se pide a los poderes públicos que actúen sobre temas sociales y que saquen el máximo partido a los derechos de la Constitución”. Ha querido dejar claro, además, que no se han creado nuevos derechos, “como pretendían otros estatutos”, sino que se han articulado derechos sociales que desarrollan todos los constitucionales.